Por: Javier Silva
Un grupo de peritos integra el Laboratorio de Identificación Genética Forense de Especies Silvestres, de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN), que contribuye a la indagación de casos de fauna comercializada ilegalmente.
Podría pensarse, muy ligeramente, que el tráfico ilegal de fauna se combate únicamente cuando las autoridades incautan o descubren aquellos ejemplares vivos, que muchos delincuentes sacan a la fuerza de las selvas colombianas y tratan de introducir en ciudades, vender como mascotas o llevar a otros continentes. Y sí, efectivamente, este último es un trabajo intenso de seguimiento, que solo el año pasado permitió decomisar un poco más de 18 mil individuos, sobre todo tortugas, guacamayas y monos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente).
Pero, al mismo tiempo que cientos de hombres están repartidos por muchas regiones del país, tratando de detectar aquellos animales que son comercializados de manera ilegal, en Bogotá ese trabajo es respaldado y complementado a través de un eslabón definitivo: se trata del Laboratorio de Identificación Genética Forense de Especies Silvestres, situado en la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) e INTERPOL, creado con el apoyo del Ministerio de Defensa, el Minambiente y la Universidad Nacional de Colombia.
Es un recinto de no más de 60 metros cuadrados, instalado en el núcleo de un edificio atravesado por corredores vigilados al detalle, y donde un grupo de profesionales o peritos (un biólogo, una bacterióloga y un zootecnista, entre ellos) se dedican a analizar fragmentos de piel, músculo, sangre, pelos, plumas o garras. Esto último con el fin de identificar, primero, si una de estas muestras biológicas es de un pez, un mamífero, un reptil, un ave o un anfibio. Luego, saber a cuál especie pertenece; y cuando es posible, poder decir en qué sitio del país vivía el ejemplar correspondiente a esa evidencia.
Uso del ADN de las células
Esto se describe fácilmente, pero implica un trabajo mesurado, que tiene un objetivo muy claro: y es obtener información científica, muy estricta, que resulta determinante para que la Fiscalía General de la Nación pueda usarla como prueba judicial cuando este organismo debe acusar a una persona involucrada con actividades ilícitas relacionadas con la venta de fauna silvestre.
Cuando las autoridades confiscan o resguardan un ser vivo que ha sido víctima de tráfico, es posible reseñarlo con agilidad cuando está vivo. El reto aparece en momentos en que solo se tiene una porción o un fragmento de este, o cientos de ellos, y estas partes tratan de ser camufladas entre mercancías legales para evadir el seguimiento policial. Dichas partes pueden ser detectadas, pero se necesita saber qué son o si pertenecen a una especie cuyo comercio está prohibido y constituye un delito.
El proceso para lograr esa identificación requiere rigurosidad e incluye un enorme conocimiento, pero podría resumirse, aproximadamente, en la extracción, amplificación y purificación de una muestra del ácido desoxirribonucleico o ADN, presente en células de esas muestras. El ADN es un código único que no se repite en otro ser vivo.
Entonces, los investigadores comparan el ADN extraído, con lo que ellos denominan un marcador genético, es decir, una muestra previa, archivada en el laboratorio, que se transforma en el único punto de referencia o el patrón definitivo para saber a qué especie corresponde.
En la medida en que el Laboratorio de Identificación Genética Forense tenga una mayor cantidad de marcadores genéticos acumulados y guardados, menor será el margen de error y la dificultad que pueden tener sus profesionales para hacer ese trabajo de reconocimiento.
Las muestras biológicas a veces son halladas en operativos de control o enviadas por alguna autoridad ambiental. Incluso, los peritos forenses también deben recolectarlas en algunos casos. Con los análisis del ADN se pueden hacer comparaciones entre ellas, con otras que han sido depositadas, por ejemplo, en un museo. Y también permiten hacer una diferenciación sexual, un resultado que puede cambiar el futuro de una sentencia, teniendo en cuenta que la pena que podría recibir un procesado puede resultar más grave en la medida en que se trafiquen hembras de un animal en categoría de amenaza.
Tráfico por correo
La trascendencia del trabajo del Laboratorio se hace mucho más evidente cuando se escuchan algunas de las experiencias acumuladas por su director, el oficial de la Policía Diego Alejandro Ussa, médico veterinario y zootecnista, así como experto perito de identificación de especies silvestres.
Él cuenta que en alguna ocasión hallaron un sobre de manila sospechoso, en el que venían guardados unos pequeños palitos de madera. Luego de ser analizados, se pudo saber que estos habían sido impregnados con una sustancia que, al hacerle el seguimiento respectivo, correspondía al veneno de una rana conocida en la Amazonia como kambó (Phyllomedusa bicolor), y que suele ser capturada con el fin de extraerle ese veneno, usado posteriormente en rituales de sanación de enfermedades.
“Se ha vuelto usual que los traficantes envíen este tipo de sustancias por correo, en lugar de arriesgarse a intentar algo mucho más complejo como mover seres vivos de un lugar a otro”, explica Ussa.
En otro momento, el Laboratorio hizo un análisis de unas garras y plumas desconocidas. Y se pudo concluir que pertenecían a un águila arpía. Tiempo después, y con esa evidencia, lograron comprobar que era un comercio continuo de partes de esta ave que estaban siendo exportadas a Estados Unidos.
Pero tal vez el trabajo que Ussa recuerda como uno de los más relevantes de los últimos meses fue la aprehensión de 3.400 aletas de tiburón, en el aeropuerto El Dorado, que estaban camufladas dentro de un grupo de vejigas de otros peces y que, aparentemente, cumplían con los requisitos legales de exportación.
Luego de analizar las aletas, se probó no solo que habían sido procesadas para quitarles el olor y camuflar su apariencia (un accionar hasta ese momento desconocido). Igualmente, se supo que pertenecían a cinco especies diferentes de tiburones (martillo, tigre y zorro, entre ellas) cuya comercialización está restringida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Comercio ilegal entre departamentos
Además de saber qué especies están siendo traficadas y de aportar pruebas para la captura de los responsables, el accionar del Laboratorio obtiene datos del uso inadecuado de la fauna, que pueden motivar nuevas medidas de control. O guiar las reintroducciones de individuos adelantadas por las corporaciones autónomas regionales, con tal de que algunos animales puedan regresar a sus hábitats según su origen.
“Evitamos que especies de la Costa sean reintroducidas en la región Andina, por decir algo, lo que podría representar un problema a largo plazo”, dice Ussa, esto último debido al potencial impacto ecológico.
Este experto agrega que recientemente fue hallada una tortuga mata-mata cerca de Leticia (Amazonas) y al analizarla se identificó que pertenecía a la Orinoquia. Posteriormente, por otras investigaciones que se apoyaron en este hallazgo, se pudo conocer que, además del tráfico ilegal que trata de sacar ejemplares de esta tortuga a otros países (especialmente por vías fronterizas), hay un comercio local o regional entre departamentos que igualmente las afecta.
Hoy, el Laboratorio tiene en sus registros al menos 1260 tejidos que sirven para hacer los procesos comparativos de ADN, un número que tiende a crecer en la medida en que se hacen alianzas y se concretan apoyos con las universidades La Florida (Estados Unidos), Los Andes, de Antioquia, Nacional de Colombia y Javeriana.
“Hacemos un trabajo difícil, que requiere mucha paciencia y cuyo éxito depende de que actuemos en equipo”, explica Ussa, quien opina que en todo esto es definitiva la participación de muchas personas que siempre tienen algo en común: “respetan y admiran nuestra biodiversidad”.
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*La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea, a través de la Acción Alianza Fauna y Bosques. Su contenido es responsabilidad exclusiva de WCS Colombia y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea».
**Sobre la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques:
La Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques es una acción regional impulsa por la Unión Europea e implementada por WCS y WWF, que busca combatir el tráfico de fauna silvestre y madera, a través del compromiso de la sociedad civil en el fortalecimiento de la aplicación de la ley y la cooperación con y entre las autoridades de Colombia, Ecuador, Perú Bolivia y zonas y trifrontera con Brasil.
***Para contacto de medios de comunicación: Programa Contra el Tráfico de la Vida Silvestre, Wildlife Conservation Society (WCS): colombiatrafico@wcs.org