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Posted on mayo 10, 2019 16:20

El programa busca identificar vacíos en la aplicación de la ley y mejorar la cooperación regional para disminuir este delito.

 


Foto: Andrés Balcázar

Algunos lo llaman negocio. Pero en la práctica el tráfico ilegal de especies silvestres es uno de los peores crímenes ambientales de nuestra era que mueve, globalmente, cerca de 22 mil millones de dólares al año. Esa cifra proviene de un informe de la Unión Europea que a su vez ha sido insumo para desarrollar su Plan de Acción, a nivel mundial, contra ese fenómeno.


Desde 2014, el equipo regional (Andes-Amazonía-Orinoquía) para el combate al tráfico de vida silvestre de Wildlife Conservation Society, ha venido trabajando, con el apoyo de diferentes agencias y organizaciones gubernamentales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, en la obtención de mejor información acerca de este flagelo que afecta a la biodiversidad y en el desarrollo de mecanismos de colaboración entre la sociedad civil y las autoridades para enfrentarlo. Todo lo anterior, con el fin de identificar vacíos en la aplicación de la ley, incrementar las medidas de prevención y mejorar los sistemas de control y vigilancia.

 

En el marco de este programa, una de las prioridades es tener datos certeros para saber cómo se mueve el tráfico ilegal por las fronteras y cómo circulan las especies traficadas desde la región hacia otros países y continentes. Lograr esto contribuirá, en buena medida, a detectar las principales redes, para lo que se hace necesario trabajar de manera conjunta.



 Foto: Andrés Balcázar

WCS y el tráfico en Colombia

 

Animales como aves se trafican con mucha frecuencia en Colombia para abastecer el mercado ilegal internacional. Algunos reptiles y las ranas venenosas terminan en colecciones personales en Europa y Asia.

 

Pero el comercio ilegal abarca a muchas otras especies. En septiembre de 2018, la Policía del aeropuerto El Dorado encontró 12 cangrejos rojos de manglar, aún vivos, entre las prendas que había organizado un pasajero ecuatoriano en su maleta. En ese mismo terminal aéreo, recientemente, fueron incautadas 420 ranas venenosas que estaban almacenadas en rollos fotográficos. Lo mismo ha ocurrido con otros invertebrados ponzoñosos como las tarántulas.

 

También forman parte de ese panorama primates como el tití gris, diferentes tortugas de río, loros, pericos y guacamayas. Lo anterior, sin contar los mamíferos que forman parte de los platos típicos nacionales que son consumidos durante la Semana Santa o en las festividades decembrinas.

 

En el mapa nacional, los departamentos donde se hace más visible esta situación son: Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar, Caldas, Risaralda, Quindío, Putumayo, Amazonas, Chocó, Cauca, Caquetá, Bolívar, Guainía y Vichada.

 

Colaboración institucional



 Foto: Andrés Balcázar

WCS Colombia comenzó a involucrarse en la iniciativa regional contra el tráfico ilegal de especies silvestres en  2017.  Lo hizo gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

 

Con INL, Wildlife Conservation Society ha venido participando en proyectos que incluyen a Centroamérica, a la región andina y una buena parte de África y Asia. Todo, en el interés por fortalecer la capacidad técnica y de eficacia en las acciones de prevención y control de los gobiernos, lo que incluye a autoridades ambientales, policivas, las fuerzas militares, el aparato judicial y los funcionarios que pertenecen a diferentes entidades.

 

De igual modo, se quiere promover la colaboración interinstitucional y transfronteriza, posicionando el tema como un asunto clave en la necesidad de proteger los recursos naturales y así garantizar la vida y la oportunidad de que próximas generaciones conozcan y disfruten las especies silvestres.

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con otras entidades del estado colombiano, ha venido implementando la Estrategia Nacional para la Prevención  y el Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres.  De hecho, el apoyo recibido por parte de INL, y más recientemente por parte de la Unión Europea, busca que WCS, en alianza con otras organizaciones, perfeccione los alcances de esa iniciativa y logre un diagnóstico más claro del problema para así definir prioridades y combatir estos crímenes de manera estratégica.

 

El Código Penal en Colombia establece penas a quienes incurran en tráfico ilegal de animales silvestres, de entre 32 y 90 meses de cárcel, así como multas de hasta de 15.000 salarios mínimos. Hoy sabemos que al año, la Policía puede incautar cerca de 246.000 individuos (entre animales y plantas) y judicializar a más de 5.600 personas por la comisión de delitos contra el ambiente.

 

Por último, y en la medida que el tráfico de flora y fauna silvestres se ha intensificado, la comunicación a líderes de opinión y a los ciudadanos, en general, es y será una pieza clave para incrementar la conciencia pública en torno a esta problemática. Para ello, se hace necesario informar, divulgar y comunicar sobre los riesgos que implica el tráfico de la vida silvestre para la salud de los ecosistemas.

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