WCS, Fundepúblico y el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan), con el apoyo de WWF, Codechocó, PNUD, el GEF y la Fundación Mario Santo Domingo, presentan un libro que propone alternativas para que pueblos indígenas y negros puedan ser partícipes directos en las compensaciones ambientales de proyectos de desarrollo que afecten recursos naturales.
Las compensaciones por pérdida de biodiversidad son un mecanismo creado para proteger a los ecosistemas, a los procesos ecológicos e, incluso, a las comunidades humanas que dependen de los recursos naturales, de esos posibles impactos negativos que puedan llegar a causar los proyectos de desarrollo. En otras palabras: las compensaciones por pérdida de biodiversidad tratan de conciliar el desarrollo económico con la protección de las especies y los ecosistemas.
En Colombia, las compensaciones han tenido un largo camino de adaptación y ajuste. Su última apuesta normativa es el Manual de Compensaciones del Componente Biótico, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2018.
Pero como un aporte adicional a su proceso de consolidación en el país, WCS, Fundepúblico y el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan), con el apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y la Fundación Mario Santo Domingo, acaban de presentar el libro ‘Lineamientos para compensaciones ambientales en territorios étnicos’. En este documento se propone un plan para articular las estrategias de manejo de los recursos naturales en tierras de pueblos indígenas y negros, con obligaciones de compensación.
“Las particularidades legales de los derechos de los grupos étnicos y su relación con el territorio los diferencia de otros actores en temas de compensaciones, por lo que es pertinente generar mecanismos específicos para trabajar con estos pueblos”, cuenta Lucas Buitrago, investigador de WCS Colombia y uno de los autores del documento.
La propuesta parte de algunas consideraciones interesantes. De un lado, los pueblos negros e indígenas poseen algunas particularidades culturales que los diferencian de otros grupos de la población. Además, habitan en territorios organizados en consejos comunitarios y resguardos, que tienen una titulación colectiva. De esto derivan derechos y responsabilidades concretas.
Y en otro sentido, desde el punto de vista ambiental los territorios de estos pueblos resultan muy interesantes por encontrarse en hotspots o zonas de enorme valor ecológico.
“Hacer un documento enfocado a lineamientos dirigidos al trabajo por y con comunidades étnicas está justificado por una razón básica: gran parte del territorio colombiano está titulado a pueblos étnicos y en muchas de esas áreas se están desarrollando proyectos de generación eléctrica, explotación de petróleo, vías, en fin. Los territorios y las comunidades étnicas pueden participar en esos procesos, aportando con soluciones que no frenen el desarrollo, pero que no den espacio al deterioro ambiental”, dice Buitrago.
Para abordar las particularidades de las compensaciones en estos territorios colectivos, el libro propone varios niveles de análisis. Para comenzar, revisa los fundamentos legales de las compensaciones ambientales y de los derechos de los pueblos negros e indígenas. Luego, plantea lineamientos generales que deberían guiar el relacionamiento de estas poblaciones para los temas de compensación ambiental.
Más adelante, a partir de esos lineamientos generales, se proponen dos modelos de relacionamiento de las comunidades con las compensaciones: o como receptor de estas actividades o como proveedor de servicios para la compensación. Este es uno de los principales aportes del texto: sistematizar la aproximación de las comunidades como prestadores de servicios; esto permite su participación en los beneficios económicos y ambientales que pueden traer las compensaciones.
“Una alternativa es que en lugar de que la empresa busque a un contratista o a un operador (otra empresa, fundación u ONG) para ejecutar las obras relacionadas con la compensación, esa misma empresa puede contratar con el consejo comunitario, para que este tome las riendas de esos trabajos para enfocarlos a sus intereses, a sus objetivos de conservación internos o, incluso, para pulir capacidades profesionales o técnicas a nivel local”, opina Lucas Buitrago.
Para finalizar, se documenta la experiencia de aplicación de estos lineamientos en un territorio colectivo específico dentro del Chocó: el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan). Este caso permitió generar unas conclusiones importantes para su posible aplicación en otras zonas y territorios colectivos de Colombia.
La idea es que este documento sea un aporte al debate sobre el tema y material de consulta de las empresas con obligaciones de compensación, de las corporaciones autónomas regionales, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y del Ministerio de Ambiente, para que apliquen el modelo o lo expongan entre sus beneficiarios. En últimas, es fundamental garantizar que las compensaciones aseguren que los pueblos mantengan el mismo nivel de acceso a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, antes y después de implementarse cualquier proyecto de desarrollo.
El libro fue presentado en formato digital y tiene una distribución virtual. Para obtener más información sobre sus propuestas, puede descargarse aquí.