Dueños de terrenos realizan un ejercicio de Planificación Predial Participativa, que incluye una autoevaluación sobre el bienestar familiar, ambiental y económico de sus predios, con el fin de proyectar soluciones a mediano y largo plazo. Todo tiene un objetivo central: la conservación de los bosques, amenazados por la tala y el avance agrícola y ganadero.
Por Javier Silva
Daira Lorena Solarte cree que la riqueza natural resguardada en su finca, Los Nogales, no es únicamente un patrimonio natural, sino un legado.
Por eso, ya tiene un plan para convertirla en un lugar donde se combinen las mejores prácticas.
Ha definido, inicialmente, que las actividades productivas no afectarán el bosque circundante. Se negará siempre a usar químicos. Ni pensar en quemas para preparar la tierra o destruir residuos. Y se empeñará en cuidar el agua.
Confía en que, al aplicar esos ‘mandatos’ que ella misma pensó, para sus 24 hectáreas de terreno —ubicados en la vereda El Líbano, de Orito (Putumayo)—, se consolidará una alianza segura entre progreso y cuidado de los recursos.
—Una de las primeras cosas que tenemos clara es que, del área total, solo cultivamos en cuatro hectáreas (café, cacao y plátano). Las restantes las hemos dejado para la preservación—, cuenta.
Ella no es la única visionaria. En esta región del piedemonte Andino-Amazónico hay otro grupo de propietarios soñando también con el mejor predio posible y esforzándose por imaginarlo.
Pero, primero, y para lograrlo, ya han hecho un diagnóstico de lo que tienen. Es como un ejercicio mental que permite autoevaluar, en el presente, el predio en el que viven y proyectar una vida próxima en aquel territorio que tanto han anhelado.
Técnicamente, esto podría definirse como una Planificación Predial Participativa, con la ejecución de un diagnóstico que se hace aplicando una Batería de Indicadores de Sostenibilidad (o lista de prioridades), que resulta ser la hoja de ruta que lleva inscritos los puntos más importantes para tener en cuenta y lograr esa finca ideal.
Calificaciones de 1 a 5
La labor es ejecutada por el Comité Municipal de Ganaderos de Puerto Asís (Coganasis), como parte del Proyecto Vida Silvestre (PVS).
Claudia Castilo Ruiz, quien desde Coganasis coordina precisamente el trabajo del PVS en esta región, dice que el ejercicio de autoevaluación del potencial actual y futuro de las fincas involucra y enfrenta a sus dueños con la realidad.
—Con ayuda de mapas de los usos del suelo de sus fincas, ellos realizan un balance sobre dónde se encuentra la producción agrícola, la ganadería, y si esas u otras actividades están impactando el bosque y las fuentes hídricas, por ejemplo. O si alguna porción de bosque tiene potencial para formar un corredor con el predio vecino y, con esto último, crear las alianzas necesarias para lograrlo—, explica.
Las conversaciones entre dueños de fincas y Coganasis permiten hacer una autoevaluación de los predios y planear correctivos.
En esto, la Batería de Indicadores de Sostenibilidad, mencionada anteriormente, sugiere un análisis con cifras y calificaciones en temas como, por ejemplo, la productividad ganadera, donde 1 es deficiente y 5 excelente.
Para esta última, invita a los finqueros a mirar si su ganadería es tradicional y tiene un impacto sobre los recursos naturales o sobre el agua, o si esta última es usada de cualquier forma para el consumo de los animales. Ante un panorama como este, no hay otra opción que otorgar una calificación deficiente (1).
—Pero si es una ganadería más respetuosa, que siembra árboles para mejorar el bienestar animal y la oferta de forraje en las diferentes épocas del año, y si incluye establos, saladeros y bebederos que mantienen a los animales lejos de las fuentes hídricas, o se apoya en cercas vivas y eléctricas para mantenerlos ordenados y aislados de depredadores, podría autocalificarse con un 5—, comenta Claudia.
También se analizan otros temas, como los económicos, sociales y ambientales.
En lo social sobresalen indicadores de bienestar familiar y comunitario, como calidad de vivienda, servicios sanitarios básicos, vías de acceso, servicios de salud, recreación, entre otros. Y las familias también han creado otros indicadores, además de la ganadería y la agricultura, para determinar si sus actividades productivas generan suficientes recursos para cubrir las necesidades del hogar.
Por su parte, los retos ambientales cuestionan sobre asuntos relacionados con la sostenibilidad, como si existe interés por la reproducción de especies de flora nativas, si se protegen los bosques y el agua, o si se tala para vender madera.
Incluso, los propietarios se preguntan sobre el uso de quemas, reflexionan sobre los perjuicios que implica ampliar la extensión de los cultivos o acudir al sobrepastoreo y, entre otras cosas, si se aprovecha la materia orgánica para hacer abonos.
Un aspecto adicional a lo anterior revisa temas prediales o catastrales, con el fin de identificar si cada uno de los terrenos está legalizado.
Cruzada por el cedro rosado
En total, hay 18 familias involucradas, que ya han cumplido con el análisis de los temas descritos y con dos lecturas de la Batería de Indicadores.
Catorce de ellas lo ejecutaron hace algunos años (entre 2019 y 2020), sumando entre todas cerca de 474 hectáreas (60 de ellas en zonas de amortiguación de bosques) y otras cuatro familias se sumaron en meses recientes, añadiendo 130 hectáreas.
El cedro rosado (Cedreda odorata) está en vías de extinción en este sector de Putumayo. Su restauración y recuperación forma parte de las prioridades del PVS.
Una segunda fase del trabajo, con todas las personas comprometidas, será acordar o comenzar a definir cómo se hará para corregir los problemas identificados y cuáles son los trabajos necesarios y más urgentes para cumplir ese objetivo (acuerdos de conservación).
Dependiendo de las actividades que se dejen planteadas y que se definan con cada familia, el PVS apoyará económicamente parte de esas acciones.
—En este momento hemos visto cómo la economía familiar es el aspecto que sustenta todo lo demás. Es decir, si la familia puede estar bien económicamente, no se verá forzada a talar o a ampliar sus cultivos—, opina Claudia Castillo
Por lo anterior, es posible que alguno de los hogares no esté interesado en continuar sembrando árboles, sino eventualmente solicite asesoría y apoyo para impulsar una actividad productiva, mientras continúa protegiendo las áreas de conservación pactadas en los acuerdos.
—Tanto con las familias que comenzaron en 2019, como con aquellas que se unieron hace poco, miraremos cómo va el proceso; qué se requiere para cumplir los objetivos y definiremos las implementaciones más adecuadas—, concluyó Claudia.
Un objetivo adicional de este accionar comunitario, cuenta Daira, está relacionado con la conservación de dos especies de flora que ya casi no se ven en esta región: el cedro rosado (Cedrela odorata) y el barbasco (Minguartia guianensis).
Ambos fueron talados durante años para usar su madera. Y hoy están catalogados como En Peligro de extinción, por el Libro Rojo de Plantas de Colombia.
—En Los Nogales, con mi familia, nos hemos esforzado por sembrar muchas especies de árboles nativos, con tal de recuperarlos. Y es que si logramos tener bosque abundante, con el tiempo volverán el jaguar, los tigrillos, los monos; y todo será como antes—, dice.
Por eso, ella replica que el propósito común de todas las familias podría resumirse en un texto que escribieron hace unos días en conjunto y que describe lo que para ellas puede ser la mejor finca posible: “la finca ideal será un espacio de vida donde las familias se sientan plenas, con linderos definidos, documentación legal, casa digna, servicios básicos; donde haya diversidad de productos agropecuarios, con un enfoque de conservación que le otorgue un potencial ecoturístico; todo en medio de una comunidad consciente y respetuosa, que trabaja en armonía por el presente y el futuro”.
*El Proyecto Vida Silvestre, iniciativa liderada por Ecopetrol, Fondo Acción y WCS Colombia, trabaja por la conservación de 15 especies (doce de fauna y tres de flora). Lo hace en tres paisajes: los Llanos Orientales, el Magdalena Medio y el piedemonte Andino-Amazónico (Putumayo).